Money, money, money...

En las últimas semanas se ha desatado una cadena de escándalos en el Gobierno peruano, todos ligados a sobrevaloraciones en las adquisiciones de bienes por parte de distintos ministerios. Lo increíble del asunto es que existe una legislación extremadamente precisa y rígida al respecto, abundan los organismos observadores y reguladores de las compras estatales, se complican las condiciones para que una empresa participe. Entonces, cuál es el problema?

Muy simple: cada ministerio, en la actualidad, realiza sus propias compras. La fiscalización se torna engorrosa, la revisión concurrente no puede realizarse de manera eficiente, muchas cosas pasan inadvertidas. Y obviamente de eso se aprovecha hasta la mente criminal menos brillante.

Para quien no conoce el proceso de una simple adquisición estatal en este país, voy a hacer un breve resumen. La oficina que tiene una necesidad emite un requerimiento a la unidad de logística, esta procede a cotizar el servicio o los bienes con distintos proveedores para obtener un precio promedio o valor referencial, en base al cual se medirán las ofertas a recibir en el proceso de selección de las empresas ofertantes. Sucesivamente, se conforma un comité formado por personal de la oficina que hizo el requerimiento y por al menos un trabajador de la unidad de logística, los cuales son responsables de evaluar las propuestas técnicas y económicas que son presentadas, de forma secreta, una vez hecha la convocatoria para el proceso de selección. Estas empresas, para poder ingresar a la evaluación, deben cotizar sus servicios o bienes por un monto comprendido entre el 70% y el 110% del valor referencial del que hablábamos antes. Quien tiene la mejor combinación de ofertas técnicas y económicas gana.

Hace un tiempo, la corrupción accionaba en el momento de la evaluación de las ofertas. Las empresas se ganaban a los miembros del comité con todo tipo de dádivas, a fin que las favorecieran. Cuando las leyes se hicieron más estrictas al respecto, se retrocedió un paso atrás: las empresas obtenían información del comité acerca de las propuestas de los competidores, a las cuales nadie, salvo esas personas, tenía acceso, y de esa manera podían adecuar su oferta para ganar el proceso. Nuevamente se pusieron trabas legales, y nuevamente se buscó una brecha en el proceso, un par de pasos más a monte. Esta vez, las empresas cotizaban deliberadamente precios sobrevalorados, para de esta manera inflar el costo referencial. Si esto se conseguía, a la hora de presentar sus propuestas económicas podían obtener grandes ganancias sin superar el fatídico límite del 110%.

Como se puede apreciar, no por espesar los procedimientos con todo tipo de instrumentos legales y administrativos se logra una mayor transparencia. Es evidente que lo que está mal es el SISTEMA. Por lo tanto, hay que atacar los principios mismos sobre los que se funda el andamiaje; como es lógico, tengo algunas propuestas.

1. Para empezar, hay que extirpar de los ministerios las funciones logísticas. El fraccionamiento actual es exagerado y obliga a un surplus de trabajo por parte de las entidades fiscalizadoras. Se debería crear una única central logística para las compras del todo el gobierno central. Esto traería muchos efectos positivos: reduciría los costos administrativos, facilitaría la fiscalización, generaría ahorros por compras corporativas, permitiría pagar más a los funcionarios (ahora tienen topes ligados a las políticas ministeriales), reduciría el papeleo, etc etc.
2. Se tiene que rediseñar el sistema de los procesos de selección. Creo que el que daría mejores resultados involucraría comenzar por la propuesta técnica como filtro de las ofertas; quien pasa, participa en una subasta electrónica inversa por un plazo determinado, es decir, se coloca el precio referencial en internet como base de subasta y las empresas (sean del país que sean, mientras cumplan con los plazos de entrega) tienen algunos días para ir bajando su oferta, al mejor estilo eBay, sin límites inferiores. Gana el que tiene el precio menor al final del plazo.
3. La determinación del valor de referencia no debería basarse exclusivamente en cotizaciones solicitadas a los mismos proveedores que luego participarán del proceso de selección. Debería realizarse trámite estudios de mercado detallados y basados también sobre las estructuras de costos. Además, los costos obtenidos para cada item deberían mantenerse durante todo el año (y ser utilizado en todas las compras similares) sin tener que volverlo a recalcular, y en los tres años sucesivos debería reajustarse sólo en base al índice de inflación. De esta manera se reducirían los plazos administrativos y se regularían las maniobras poco claras de los proveedores.
4. Habría que eliminar los comités encargados de evaluar las propuestas, dejando este trabajo a profesionales expertos en las normas de logística estatal

Muchas de estas propuestas se encuentran en vigencia en otros países y deberían ser introducidas en éste. Ya es hora de que los ministros se dediquen a su trabajo y a las políticas de estado, y dejen de preocuparse por los empleados que tramitan las compras de su sector.

Pero claro, probablemente la solución será complicar más las normas, incrementar los gastos en fiscalización, expulsar más y más personal corrupto. Pero mientras no se ataquen las causas del problema, todo seguirá siendo igual, porque money is money.